Declaración del Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos indígenas y proyectos extractivos, denunciando el asesinato de indígenas en América Latina
«Creyeron que te enterraban y lo que hacían era enterrar una semilla» Ernesto Cardenal
El Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas y proyectos extractivos expresamos nuestro dolor por el asesinato de la líder Maya Dominga Ramos de la organización campesina Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) ocurrido el 5 de marzo en Guatemala y transmitimos nuestro sentido pesar a su familia, su comunidad y su pueblo. Dominga Ramos ha regresado a la Madre Tierra, seguirá viva entre nosotros, ella estará y acompañará la lucha por el derecho a vivir dignamente y que se respete a la Madre Tierra.
Queremos expresar nuestra indignación por la responsabilidad del
Estado guatemalteco por haber generado un contexto de represión y
criminalización contra los movimientos Indígenas de Guatemala, por la
recuperación, restitución y defensa de sus tierras que ancestralmente
les pertenecen, incluyendo la lucha de CODECA, por la nacionalización de
la energía eléctrica. También denunciamos la violación de los derechos
humanos ante la imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas, el
monocultivo de la palma africana, despojo de tierras, la Transportadora
de Energía para Centroamérica TRECSA y el Mega Recolector en el lago de
Atitlán.
El asesinato de Dominga Ramos no es un hecho aislado; este se produce
en un contexto bajo el cual solo en el año 2019, de acuerdo a informes
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH), otros 10 miembros de CODECA fueron también asesinados
entre ellos: Angel Leonel Guzmán Morales y Manuel Pérez Hernández en el
mes de noviembre, Jorge CucCucul el 25 de julio, Julio Ramírez el día
12 de julio, Isidro Pérez y Melecio Ramírez el día 5 de julio y Delfino
Agustín Vida el día de enero.
Tampoco son hechos que ocurren solo en Guatemala. Desde el año 2019 a
la fecha en América Latina algunos de los asesinatos a líderes
indígenas han sido los siguientes: en Costa Rica el 24 de febrero del
2020 el líder indígena Brörán Jerhy Rivera Rivera fue asesinado por no
indígenas que poseen ilegalmente tierras indígenas, al igual que Sergio
Rojas Ortiz que fue asesinado en marzo de 2019. En Nicaragua el 29 de
enero del 2020 fueron asesinados Jarle Samuel Gutiérrez, Juan Emilio
Devis Gutiérrez, Cristino López Ortiz y Amaru Rener Hernández, todos
miembros de comunidades indígenas Mayagna. En Brasil el 7 de diciembre
del 2019 fueron asesinados los líderes indígenas Guajajara Firminio
Praxede Guajajara y Raimundo Belnicio Guajajara, y un mes antes había
sido asesinado Paulo Paulino Guajajara. En Colombia el 29 de octubre del
2019 fue asesinada la lideresa indígena Neehwe’sx Cristina Bautista. En
México, en el año 2019, en diciembre fue asesinado el artista indígena
Popoluca Josué Bernardo Marcial Campo. En mayo fueron asesinados el
líder indígenas Tzotzil Ignacio Pérez Girón, los líderes indígenas Nahua
José Lucio Bartolo, Modesto Verales, Bartolo Hilario Morales e Isaías
Xanteco Ahujote. El 31 de mayo fue asesinado un joven indígena de
Zacualpan. El 12 de abril fue asesinado el líder indígena Mephaa Julián
Cortés Flores, 20 de febrero fue asesinado el líder indígena Nahua Samir
Flores Soberanes. El 17 de enero fue asesinado el líder indígena Chol
Noé Jiménez Pablo y José Santiago Alvarez. En Paraguay el 24 de febrero
del 2019 fue asesinado el líder indígena Takuara’i Francisco López.
De acuerdo a Front Line Defenders, en el año 2019, el 40% de los
defensores de derechos humanos asesinados en el mundo eran defensores de
la tierra, de los pueblos indígenas y del medioambiente. Un 75% de
estos asesinatos ocurrieron en América Latina y aproximadamente la mitad
de ellos tuvieron como víctimas a líderes indígenas, pese a que en la
región solo un 10% de la población es indígena. Todos estos líderes
indígenas asesinados defendían la Madre Tierra y a sus comunidades de
proyectos mineros, de agroindustrias, de centrales hidroeléctricas, de
proyectos petroleros, de la explotación forestal, de la usurpación de
sus tierras por no indígenas o de megaproyectos de mal desarrollo.
Muchos de ellos contaban con medidas cautelares por parte de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos o de los tribunales nacionales, las
cuales no fueron implementadas por los gobiernos.
Los integrantes del GT Pueblos Indígenas y proyectos extractivos
denunciamos el asesinato de líderes indígenas en América Latina como una
práctica generalizada, intencional, constitutiva de violaciones graves a
los derechos humanos, incompatible con un orden democrático y
plurinacional y que forma parte constitutiva de los dispositivos de
poder a través de los cuales industrias extractivas, gobiernos y grupos
de no indígenas fomentan y protegen un discurso de desarrollo basado en
el extractivismo que perpetúa la desposesión de las comunidades
indígenas y afrodescendientes, favorece la continuidad de los proyectos
neocoloniales de las sociedades nacionales y viola los derechos
indígenas.
Expresamos nuestra solidaridad con las familias, comunidades y
pueblos indígenas y afrodescendientes que sufren el asesinato de sus
miembros y nos solidarizamos con sus luchas de protección a la Madre
Tierra.
Demandamos a los Estados respetar e implementar los derechos de
pueblos indígenas reconocidos en el Convenio 169 de OIT, la Declaración
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Carta
Interamericana de los Derechos Humanos, las medidas cautelares de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a tomar medidas efectivas
para la protección de los pueblos indígenas, acelerar, en acuerdo con
los pueblos indígenas, los procesos de restitución y demarcación de
tierras, respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado
de las comunidades conforme al derecho internacional, así como les
demandamos investigar, juzgar, sancionar a quienes sean culpables y dar
reparación acorde a los estándares internacionales a las personas,
familias y comunidades afectadas.
Demandamos a los Estados de las industrias extractivas que operan en
la región a implementar legislaciones que permitan denunciar,
investigar, juzgar, sancionar y reparar al interior de sus países las
violaciones a los derechos humanos ocurridas contra comunidades
indígenas en la región al interior del país de origen de la industria
extractiva.
Marzo de 2020
Grupo de Trabajo CLACSO
Pueblos indígenas y proyectos extractivos
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