Gustavo Esteva
Se decretó el funeral del neoliberalismo, pero no sabemos cuál cadáver enterrarán.
El presidente López Obrador mostró una vez más su deseo de liquidar la era neoliberal a la que atribuye con razón buena parte de los males que abruman al país. Su convicción es clara. Pero su definición personal del enemigo pone en peligro sus intenciones.
López Obrador parece convencido de que bastará recuperar la rectoría del Estado para salir del mundo neoliberal. Es cierto que renunciar a funciones básicas del Estado para entregarlas a las corporaciones privadas, en forma tan corrupta como incompetente, es uno de los errores más graves de los gobiernos mexicanos desde 1982. Pero antes de celebrar la recuperación necesitamos saber su sentido. Parece que cambia todo… para que nada cambie. Se usa esa rectoría para entregar a las propias corporaciones los programas públicos y adaptarse al rumbo que ellas marcan.
Uno de los ejemplos más claros es el del Istmo de Tehuantepec. Se pregona a los cuatro vientos que el nuevo plan se ocupa del interés nacional y del bienestar de los pueblos de la región. Sin embargo, hasta el análisis más superficial de su contenido muestra que es un dispositivo que inserta más profundamente al país en una lógica que no es la suya, sino la de los intereses privados. Constituye una amenaza muy real para los pueblos de la región, pues pone en peligro sus modos de vida, sus tradiciones, sus esperanzas…
Cuando Porfirio Díaz concibió por primera vez la idea parecía viable que México usara estratégicamente el proyecto que despertó enorme interés en los estadunidenses. En algún momento de tensión con Estados Unidos, Díaz Ordaz descubrió que enormes porciones del Istmo estaban en manos extranjeras y organizó un reparto masivo de tierras ejidales y comunales como pretexto para la expropiación. Era demasiado riesgoso para México que tales tierras no fueran nuestras.
Cuando López Portillo pensó que le tocaba administrar la abundancia hizo preparar el proyecto para invertir en él las ganancias petroleras. Estaba muy avanzado cuando descubrieron que se les había acabado el dinero y que implicaba muchos riesgos. Hoy, bajo condiciones enteramente distintas, se busca reordenar la actividad en el Istmo para enchufarla a una operación que sólo podrán asumir las grandes corporaciones y cancela un camino autónomo.
El protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec de los estados de Oaxaca y Veracruz, respecto del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec es un documento que merece cuidadosa consideración. Es un caso ejemplar de las formas del estado de excepción cuando se usa la ley para violarla, para torcerla. Cita las disposiciones legales pertinentes y se explaya en el valor jurídico de la buena fe, para en seguida describir la manera en que se les traicionará tanto en espíritu como en la letra.
La consulta que se realiza precipitadamente y terminará el 31 de marzo no es siquiera previa. El gobierno ya tomó la decisión de llevar a cabo el programa. Sus acciones no llegan aún a las comunidades involucradas, pero se han tomado ya decisiones que las afectarán. Todos los días se anuncian contratos y compromisos. Al gobierno le urge procesar la inversión de 5 mil millones de dólares que le prometió Trump para la zona.
Tampoco será una consulta libre. Se realiza en los tiempos y condiciones definidos por las autoridades federales, no por los pueblos, cuyos usos y costumbres se están ajustando rápidamente a las exigencias del proceso. No será un ejercicio informado. La presentación tiene claro sello burocrático, con términos incomprensibles para la gente común y formatos propios de un folleto promocional. En las reuniones, las exposiciones se acompañan de sugerencias clientelistas para que se incorporen algunos de los proyectos que las comunidades han solicitado hace tiempo, lo que facilitará su respuesta positiva.
Lo más grave de esta consulta es que sólo informa del programa del gobierno para que los pueblos lo tomen o lo dejen sin presentar opciones. Lo que sería la única manera de dar validez a la consulta es permitir que la gente escoja realmente lo que quiere.
Los operadores del mecanismo de participación ciudadana le rendirán buenas cuentas al Presidente al terminar el mes. Habría ganado otra. Afirmarán con todo cinismo y desconocimiento que el programa se realiza con participación ciudadana y ajustado al principio de mandar obedeciendo. El resultado se usará como prueba de que los pueblos sólo quieren acceder a las formas del capitalismo que prevalecen en el norte, saliendo de su atraso, como sostienen algunos de los intelectuales orgánicos del nuevo gobierno.
Viene ahora la respuesta de los pueblos. La anunciaron ya en Guelatao, cuando los acarreados de AMLO hicieron a un lado a los locales para honrar a Benito Juárez. No se hará esperar.
gustavoesteva@gmail.com
Se decretó el funeral del neoliberalismo, pero no sabemos cuál cadáver enterrarán.
El presidente López Obrador mostró una vez más su deseo de liquidar la era neoliberal a la que atribuye con razón buena parte de los males que abruman al país. Su convicción es clara. Pero su definición personal del enemigo pone en peligro sus intenciones.
López Obrador parece convencido de que bastará recuperar la rectoría del Estado para salir del mundo neoliberal. Es cierto que renunciar a funciones básicas del Estado para entregarlas a las corporaciones privadas, en forma tan corrupta como incompetente, es uno de los errores más graves de los gobiernos mexicanos desde 1982. Pero antes de celebrar la recuperación necesitamos saber su sentido. Parece que cambia todo… para que nada cambie. Se usa esa rectoría para entregar a las propias corporaciones los programas públicos y adaptarse al rumbo que ellas marcan.
Uno de los ejemplos más claros es el del Istmo de Tehuantepec. Se pregona a los cuatro vientos que el nuevo plan se ocupa del interés nacional y del bienestar de los pueblos de la región. Sin embargo, hasta el análisis más superficial de su contenido muestra que es un dispositivo que inserta más profundamente al país en una lógica que no es la suya, sino la de los intereses privados. Constituye una amenaza muy real para los pueblos de la región, pues pone en peligro sus modos de vida, sus tradiciones, sus esperanzas…
Cuando Porfirio Díaz concibió por primera vez la idea parecía viable que México usara estratégicamente el proyecto que despertó enorme interés en los estadunidenses. En algún momento de tensión con Estados Unidos, Díaz Ordaz descubrió que enormes porciones del Istmo estaban en manos extranjeras y organizó un reparto masivo de tierras ejidales y comunales como pretexto para la expropiación. Era demasiado riesgoso para México que tales tierras no fueran nuestras.
Cuando López Portillo pensó que le tocaba administrar la abundancia hizo preparar el proyecto para invertir en él las ganancias petroleras. Estaba muy avanzado cuando descubrieron que se les había acabado el dinero y que implicaba muchos riesgos. Hoy, bajo condiciones enteramente distintas, se busca reordenar la actividad en el Istmo para enchufarla a una operación que sólo podrán asumir las grandes corporaciones y cancela un camino autónomo.
El protocolo para el proceso de consulta libre, previa e informada a los pueblos y comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec de los estados de Oaxaca y Veracruz, respecto del Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec es un documento que merece cuidadosa consideración. Es un caso ejemplar de las formas del estado de excepción cuando se usa la ley para violarla, para torcerla. Cita las disposiciones legales pertinentes y se explaya en el valor jurídico de la buena fe, para en seguida describir la manera en que se les traicionará tanto en espíritu como en la letra.
La consulta que se realiza precipitadamente y terminará el 31 de marzo no es siquiera previa. El gobierno ya tomó la decisión de llevar a cabo el programa. Sus acciones no llegan aún a las comunidades involucradas, pero se han tomado ya decisiones que las afectarán. Todos los días se anuncian contratos y compromisos. Al gobierno le urge procesar la inversión de 5 mil millones de dólares que le prometió Trump para la zona.
Tampoco será una consulta libre. Se realiza en los tiempos y condiciones definidos por las autoridades federales, no por los pueblos, cuyos usos y costumbres se están ajustando rápidamente a las exigencias del proceso. No será un ejercicio informado. La presentación tiene claro sello burocrático, con términos incomprensibles para la gente común y formatos propios de un folleto promocional. En las reuniones, las exposiciones se acompañan de sugerencias clientelistas para que se incorporen algunos de los proyectos que las comunidades han solicitado hace tiempo, lo que facilitará su respuesta positiva.
Lo más grave de esta consulta es que sólo informa del programa del gobierno para que los pueblos lo tomen o lo dejen sin presentar opciones. Lo que sería la única manera de dar validez a la consulta es permitir que la gente escoja realmente lo que quiere.
Los operadores del mecanismo de participación ciudadana le rendirán buenas cuentas al Presidente al terminar el mes. Habría ganado otra. Afirmarán con todo cinismo y desconocimiento que el programa se realiza con participación ciudadana y ajustado al principio de mandar obedeciendo. El resultado se usará como prueba de que los pueblos sólo quieren acceder a las formas del capitalismo que prevalecen en el norte, saliendo de su atraso, como sostienen algunos de los intelectuales orgánicos del nuevo gobierno.
Viene ahora la respuesta de los pueblos. La anunciaron ya en Guelatao, cuando los acarreados de AMLO hicieron a un lado a los locales para honrar a Benito Juárez. No se hará esperar.
gustavoesteva@gmail.com
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